La Academia Puertorriqueña de la Lengua Española manifiesta su oposición al Proyecto del Senado 273 que propone eliminar el Instituto de Cultura Puertorriqueña y convertirlo en un Programa adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

El Instituto de Cultura Puertorriqueña es parte destacada de un conjunto de instituciones emblemáticas, públicas y civiles, que han contribuido a articular y sostener lo que fue, con sus luces y sombras, una política cultural coherente, quizás la única hasta hoy, encaminada a valorar, fomentar, difundir y preservar nuestra cultura. Criaturas de ese interés fueron la División de Educación a la Comunidad (1949), la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (1949), el Instituto de Cultura Puertorriqueña (1955), el Festival Casals (1957), la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (1956), el Conservatorio de Música de Puerto Rico (1959) y la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española (1955). Esta institucionalidad cultural se sumó a otras instancias ya existentes como el Ateneo Puertorriqueño (1876), la Universidad de Puerto Rico (1903), la Academia Puertorriqueña de la Historia (1934) y el Instituto de Literatura Puertorriqueña (1938), entre otras. Y como zapata y fuerza generatriz de todo ello estuvo y está la creatividad de nuestros artistas y la energía de la cultura popular, de su música, sus danzas, sus artes, su habla, sus profundas tradiciones mestizas y ancestrales.

Es evidente que las funciones del Instituto de Cultura Puertorriqueña no caben en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio cuyo secretario tendría, además de todas sus obligaciones, la de “fomentar el arte y la cultura como elementos claves del desarrollo económico de Puerto Rico”.  Nada debería impedir, sin embargo, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña trabaje en coordinación con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, con la Compañía de Turismo y otras instancias públicas o privadas en la potenciación de la cultura como un factor de nuestro desarrollo económico.

Es preocupante que el proyecto disponga que todos los bienes muebles e inmuebles del Instituto de Cultura Puertorriqueña --que incluyen edificios, casas y estructuras históricas, museos, un parque ceremonial, colecciones de arte y artefactos y un importante patrimonio documental y bibliográfico--- se transfieran al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio sin que se establezca garantía alguna sobre el destino, el manejo, la conservación y el carácter inalienable de los mismos. El proyecto, además, muestra particular interés en agilizar la gestión de permisos a los proyectos de construcción que pudieran impactar las zonas y sitios históricos y el patrimonio cultural. Estamos seguros de que es posible imprimir agilidad a esa gestión sin poner en riesgo los bienes culturales del país ni eliminar el Instituto de Cultura Puertorriqueña.

Resulta una lamentable ironía histórica que un proyecto que dispone la disolución del Instituto de Cultura Puertorriqueña se presente en el septuagésimo aniversario de su fundación. La ocasión, antes bien, debería ser un llamado a la modernización y al rediseño de esa institución, dotándola, además, con los recursos necesarios para que cumpla adecuadamente con sus funciones esenciales, entre ellas, la de contribuir al desarrollo económico del país mediante la riqueza que supone el valor añadido del arte, la historia y la cultura.